El ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, se ha desplazado a Bucarest este miércoles junto al ministro delegado para Asuntos Europeos, Bernard Cazeneuve, para tratar la situación de los gitanos. Rumanía -donde viven unos 620.000 (más de dos millones según las ONG), algunos de ellos asimilados y otros que evitan declararse por miedo a la discriminación- necesita el apoyo de las autoridades europeas para evitar la imagen que de los desmantelamientos de gitanos en los suburbios de las ciudades francesas.
“Nuestros esfuerzos comunes tienen que dirigirse hacia una solución para que los gitanos se integren en sus países y un elemento muy importante pasa por una colaboración entre las autoridades de ambos estados”, ha señalado el ministro francés de Interior, Manuel Valls, tras sellar un acuerdo bilateral con el primer ministro rumano, Victor Ponta, sobre la comunidad romaní. París quiere demostrar a Bucarest que seguirá desmantelando campamentos y devolviendo a los romaníes a su lugar de origen. Por su parte, Bucarest ha reclamado el apoyo de París para pedir fondos de cohesión europeos de 2014 a 2020 para aplicar programas de integración.
En solo dos meses, agosto y septiembre, Amnistía Internacional calcula que Valls va a expulsar a la mitad de los 15.000 gitanos rumanos que residen en Francia. Valls aseguró que su país asumirá responsabilidades, que pasan por "la eliminación de las chabolas ilegales, el traslado de los ciudadanos a las fronteras, forzada o con ayuda” pero, añadió, “también anunciaremos cuando sea posible un programa de integración en el mercado laboral, vivienda y la escolarización de los niños".
Ponta ha dicho que debe haber más programas con el apoyo de Francia para reducir los desequilibrios sociales. "La verdadera solución se producirá cuando los niños romaníes tengan acceso a la escuela y trabajo en Rumanía", ha precisa
