​La corrupción y el contrabando, combatidas por las autoridades rumanas sin grandes avances, y el bloqueo de Berlín y Ámsterdam por la crisis política y la opaca independencia de la justicia atascan la adhesión de Rumanía al espacio Schengen. A finales de la semana pasada, el ministro de Interior teutón, Hans-Peter Friedrich, salió a la palestra para defender el veto alemán: “Aquellos que vienen a Alemania para aprovecharse de los beneficios sociales y de abusar la libre circulación tienen que ser impedidos”.

Las declaraciones del responsable germano atienden a la polémica suscitada por el incremento de ciudadanos de Rumanía y Bulgaria a las grandes urbes alemanas, sobre todo de la etnia gitana, que sufren la discriminación en sus respectivos países. Holanda, sin embargo, siempre ha bloqueado su acceso por la lentitud de las reformas de la justicia, cuyo principal cometido pasa por luchar contra la lacra del soborno en los puestos fronterizos y en todos los espectros de la sociedad.

“Se ha resuelto el problema en cuanto al equipamiento tecnológico de los pasos fronterizos”, asegura el analista especializado en administración, Sorin Ionita, que reconoce sin embargo que “hay dificultades en el sistema de datos para identificar a las personas”. Rumanía ha invertido 470 millones de euros de la Unión Europea y otros 88 millones de sus propios fondos para adquirir equipos de vigilancia de alta tecnología, lo que ha sido suficiente para que Bruselas acceda a las exigencias de Bucarest de integrarse al espacio Schengen.

“Los contrabandistas escogen a personas pobres de las zonas fronterizas, que suelen cobrar poco por su transporte en comparación con las ganancias obtenidas”, señala Ionita. Estos grupos criminales prefieren invertir una cantidad más grande para sobornar a los policías que faciliten su actividad, lo que puede suponer una me