Las plantas del hospital Universitario de Bucarest son todas iguales: suelos grises desgastados, luz cetrina y tristona, sillas de plástico y una zona de pasillos en curva que parece diseñada a prueba de camillas. En la puerta, un guardia de seguridad cierra el paso o lo permite, bajo misteriosas leyes, al grupo de señoras que le cuentan su caso exhibiendo papeles y a grito limpio a primera hora de la helada mañana con sus muy pertinentes gorros de pelo, explica Silvia Blanco, enviada especial de El País a Bucarest.
“Acabé la carrera en 1985, soy cirujano torácico y jefe del departamento. Este mes he hecho 85 horas extra y tengo guardias cada cinco días”, recita Florin Chirculescu, 11 pisos más arriba mientras alarga la mano para coger un tique que resulta ser la nómina de octubre. “Cobro 800 euros”. Una colega suya que entra en el despacho gana unos 330 al mes, aunque tiene cinco años de experiencia. Aquí faltan médicos y 11.000 han emigrado en los últimos dos años. Mientras, los pacientes están convencidos de que si no meten en el bolsillo del facultativo una cantidad de dinero o le hacen un regalo, no les tratarán correctamente. Rumanía es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, sus leyes consagran la separación de poderes y es una economía de libre mercado.
Todo el paquete. Bucarest, como cualquier capital europea, tiene luces navideñas estos días, una zona vieja plagada de bares y un ir y venir de gente con bolsas de tiendas reconocibles aquí y en Pekín. Pero en cuanto se empieza a caminar un poco, negras marañas de cables cuelgan de un edificio que no se parecerá al siguiente, ni al otro, y luego una mansión afrancesada, y tres perros, y por esta zona no hay aceras pero por ahí sí, y una preciosa iglesia ortodoxa, ahora un solar gigantesco y allá el Palacio del Pueblo, un mazacote descomunal símbolo del delirio del dictador Nicolae Ceau
