Es difícil quemar tanto capital político en un tiempo tan limitado, pero el primer ministro socialdemócrata Victor Ponta parece haberlo conseguido. El pasado 7 de mayo fue investido primer ministro con el apoyo de la coalición USL -alianza entre los socialdemócratas del PSD y los liberales del PNL-; a mediados de junio la alianza social-liberal arrasó en las elecciones municipales con más de un 53% de los votos y el hasta entonces partido en el poder, el conservador PDL, parecía con poco más de un 20% de votos abocado a una larga travesía por el desierto, explica Eduardo Salcedo, profesor del Liceo “Cervantes” de Bucarest.

La población había dado la espalda a las políticas de austeridad practicadas por los conservadores –reducción del 25% de los salarios, subida del IVA del 19 al 24% o congelación de las pensiones- y la popularidad del presidente conservador Traian Basescu llegaba a mínimos históricos. Cuando todo parecía presagiar una plácida y abrumadora victoria para la alianza USL en las legislativas del próximo mes de noviembre, la inexperiencia, los malos asesores y el ansia por monopolizar el poder en todas las instituciones, han llevado al premier Ponta a una concatenación de decisiones de dudosa legalidad, a la vez que han revitalizado la figura del hasta hace poco decaído Basescu. La feroz lucha entre los dos cargos institucionales más importantes del país comenzó cuando Ponta se opuso a que el presidente Basescu representara al país en el último Consejo de Europa.

El Tribunal Constitucional –dominado por jueces conservadores- dio la razón al jefe de estado, pero Ponta contraatacó asumiendo el control del Boletín Oficial del Estado e impidiendo de esta manera que la decisión de los jueces del Constitucional se hiciera oficial antes de la cumbre. De esta manera fue el primer ministro y no el jefe de estado quien representó a Rumanía e