Tres ministros del Gobierno rumano están siendo investigados por corrupción, los jueces que intentan combatirla —en ocasiones hasta sus familias— sufren amenazas personales o acoso de los medios de comunicación y el organismo nacional que debe velar por la transparencia del sistema continúa sin líder. Así es el retrato que dibuja la Comisión Europea de Rumanía, miembro de la familia comunitaria desde 2007 pero con una realidad distinta de la que se espera de un Estado europeo, relata El País.

El análisis que divulgó ayer Bruselas difiere poco del realizado hace seis meses, a pesar de que entonces se formularon serias advertencias para enmendar la situación. “Aún queda mucho por hacer”, destaca el informe.

La Comisión ha querido rebajar el tono, pero no la contundencia de su evaluación sobre el panorama político y judicial en Rumanía. Si en julio el presidente comunitario, José Manuel Durão Barroso, lanzó un discurso en el que hablaba de quiebra de confianza en el país, en esta ocasión se ha limitado a una frase escrita para expresar su confianza en que el nuevo Gobierno, dirigido por el anterior primer ministro, el socialista Victor Ponta, acometa las reformas exigidas.

más información

Prácticamente el único avance constatado se refiere a la reinstauración del orden constitucional. Con el objetivo de destituir al presidente del país, Traian Basescu, Ponta intentó saltarse las normas que impuso el Tribunal Constitucional ante el referéndum convocado para decidir sobre la continuidad de Basescu. La Comisión considera cerrado ese capítulo y saluda la elección de un Defensor del Pueblo, como había pedido en julio.

A partir de ahí comienzan los reproches. El principal se refiere a la independencia judicial, “una gran fuente de preocupación”. La Comisión dice haber recibido numerosas quejas sobre intimidación o acoso a pers