Bruselas constató este miércoles en un informe lo que los rumanos conocen bien de primera mano: que la justicia está atrapada por la vociferante y polarizada vida política del país. Después de un año inmersa en una profunda crisis institucional provocada por la guerra entre el primer ministro y el presidente y con una corrupción instalada en la vida cotidiana y entre los poderosos, “no está claro durante cuánto tiempo la justicia podrá resistir la implacable presión política, aunque todavía devuelve los golpes”, dice Vlad Perju, profesor de Derecho de la Universidad de Boston. De hecho, Monica Macovei, exministra de Justicia rumana y eurodiputada, considera estos ataques “una prueba de que va en el buen camino”, cuenta la periodista Silvia Blanco, de El País.
Por si la imagen de los políticos rumanos estuviera poco desprestigiada y asociada en algunos casos a un intento de eludir la justicia, la semana pasada el Parlamento decidió, por contundente mayoría, modificar el estatuto por el que se rigen y robustecer su inmunidad ante la justicia. “Es una ley oportuna desde su perspectiva, dada la cantidad de diputados recién elegidos que están siendo investigados”, cuenta Perju.
En el nuevo estatuto se mantiene reformulada la exigencia de que la fiscalía —al solicitarle a la Cámara permiso para detener, registrar o arrestar a un parlamentario— aporte “las razones por las que se le investiga” para levantar la inmunidad, “lo que pone en peligro las pesquisas”, critica Cristina Guseth, de Freedom House. Macovei explica que lo que piden son “las pruebas, como si fueran jueces, cuando lo único que deben hacer es asegurarse de que sea un caso real y no políticamente motivado”. Con la nueva ley “no se establecen plazos para que las Cámaras den el visto bueno a levantar la inmunidad, por lo que pueden retrasar una petición”, argumenta Ovidiu Vaida, presidente
