El conservador primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tiende a exhibir su afán de transformar Hungría de arriba abajo. Para ello, el principal método escogido consiste en modificar o aprobar leyes sin apenas oposición interna, ya que su partido, Fidesz, controla dos tercios del Parlamento. Solo en el último año y medio se han aprobado 360 leyes, entre ellas la Constitución. La norma fundamental ha estado en el centro de la batalla de Hungría con Bruselas, que ha visto peligrar el equilibrio de poderes en el país centroeuropeo y amenazado el Estado de derecho. Ahora, Budapest vuelve a la carga con una modificación de la Constitución, polémica desde que era solo un borrador y alumbrada en 2011, un año después de llegar Fidesz al poder. Entró en vigor en enero de 2012 y ya va por la cuarta enmienda, informa Silvia Blanco, periodista de El País.
El Parlamento húngaro ha aprobado este lunes por abrumadora mayoría un paquete de cambios de calado que, sobre todo, afectan al Tribunal Constitucional, justo el órgano que más freno ha puesto a ese fervor legislativo. Para empezar, todas las sentencias de inconstitucionalidad dictadas hasta la fecha quedan anuladas. Además, el Tribunal no podrá recurrir a su propia jurisprudencia para argumentar sus decisiones e interpretar los nuevos casos. Tampoco podrá pronunciarse sobre los Presupuestos ni sobre los impuestos. Y, en caso de que haya nuevas enmiendas a la norma fundamental, no podrá examinar su contenido: solamente podrá decir si el procedimiento es conforme a derecho. En palabras de Zoltán Fleck, profesor de Sociología del Derecho en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, “este cambio pretende abolir 20 años [desde la democracia] de jurisprudencia, que es la parte esencial de la práctica judicial. El hecho de que el Parlamento anule un fallo del Constitucional no tiene precedente en los sistemas modernos”. @N
