El Gobierno español ya se ha puesto manos a la obra para dar cobertura legal al polémico fracking, nombre con el que se conoce la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo un anteproyecto de ley sobre sistemas eléctricos en el que incluyó un apartado de control ambiental para esta técnica. Será obligatorio someter esos proyectos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Este viernes, solo 15 días después, el anteproyecto ya era proyecto de ley y empezaba su tramitación, explica el diario El País.

Medio centenar de Ayuntamientos de Cantabria y Castilla y León escribieron en enero al ministro de Industria, José Manuel Soria, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, para trasladarle su “preocupación” por el impacto que los estudios de fracking podían tener en el medio ambiente de sus territorios y “en la salud de sus vecinos”. Soria contestó a finales de febrero y dejó clara su postura: “Este ministerio considera que esta técnica debe ser permitida” siempre que se cumplan las medidas de protección del medio ambiente y las personas. Para tranquilizar a los municipios, añadía que las empresas deberán constituir seguros de responsabilidad civil “para hacer frente a eventuales incidentes”.

El grupo Popular en el Congreso también ha propuesto recientemente la implantación de un tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España para financiar con esos ingresos a las comunidades y Ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos. La oposición y las organizaciones ecologistas lo interpretan como el intento de ofrecer un aliciente económico a los municipios o regiones reticentes.

El fracking es adorado y temido con igual intensidad. Para unos, esta técnica de obtención de gas pizarra (shale gas en inglés), convertirá inútilmente a España