El Gobierno rumano recortará las ayudas a las energías renovables para intentar bajar el precio de las facturas, una decisión que amenaza a una industria en pleno auge tras atraer miles de millones de euros de inversión, explican los expertos. Según un decreto de urgencia adoptado el martes, el Ejecutivo de centroizquierda suspenderá hasta el 2017 o 2018 el 50% de los “certificados verdes” atribuidos hasta ahora a los productores de energía eólica y solar, así como a las microcentrales hidroeléctricas para estimular la energía limpia.
Esta norma, que entrará en vigor el 1 de julio, puede causar pérdidas de cientos de millones de euros a los productores, según los analistas.
“Hace falta encontrar una solución de equilibrio que permita a los que inviertan en las energías renovables tener beneficios, sin que se penalicen a los otros sectores y a los consumidores”, explicó el primer ministro, Victor Ponta, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Según la ministra delegada de Energía, Constantin Nita, “el esquema actual de apoyo a los productores de energías renovables es la más generosa de toda la Unión Europea y por eso ha tenido un impacto negativo sobre los consumidores”.
Por su parte, los consumidores industriales “no están de acuerdo en contribuir para el bien de los productores de energía renovables” y varios entre ellos, como ArcelorMittal y la empresa de aluminio Alro, del grupo ruso Vimetco, “amenazaron con abandonar Rumanía”.
Para el presidente de la Asociación rumana de Energía Eólica (RWEA), Ionel David, la adopción de este texto “marca el fin de un bonito sueño y de una industria puntera” que ha atraído desde 2010 inversiones de tres mil millones de euros.
Visto como Eldorado por la producción eólica por su posición privilegiada en cuanto al viento en Europa, Rumanía dispone de un potencial