La última vez que hubo un proceso por genocidio en Rumanía fue el día de Navidad de 1989. Duró un par de horas y terminó con Nicolae y Elena Ceausescu fusilados, desmadejados en el patio del cuartel militar de Targoviste, a 79 kilómetros de Bucarest. Medio mundo ha visto el vídeo del juicio sumario y parte de la ejecución de quienes solo cinco días antes dirigían una de las dictaduras comunistas más desquiciadas de Europa. El lugar en el que ocurrió es hoy un tosco museo con agujeros de bala en la pared y dos siluetas dibujadas en el suelo para señalar dónde cayeron.

El museo municipal abrió hace casi dos meses. Ese 3 de septiembre, en Bucarest, la fiscalía general anunciaba una investigación por genocidio (un delito que no prescribe) contra Alexandru Visinescu, el director de una cárcel donde las palizas, el hambre y el frío extremo se empleaban para machacar a cualquiera que oliera a disidente. Es la primera vez que se formula una acusación así en 24 años. Esa decisión supone perforar en toneladas de tiempo y oscuridad: las que se edificaron sobre los 600.000 presos políticos de la época del terror de corte estalinista que precedió a Ceausescu, entre 1945 y 1964. Es una grieta pequeña, en primer lugar porque el acusado tiene 88 años y es poco probable que se le llegue a juzgar. Pero una grieta, porque Rumanía apenas ha empezado a volver la vista sobre los crímenes cometidos en 44 años de dictaduras comunistas.

Ramnicu Sarat era conocida como la cárcel del silencio, con celdas individuales para aislar por completo al preso.

Alexandru Visinescu dirigió la prisión de Ramnicu Sarat entre 1956 y 1963. Allí fueron a parar los líderes de la élite política anterior. Era conocida como la cárcel del silencio, con celdas individuales para aislar por completo al preso, que no podía hacer el menor ruido ni comunicarse con nadie. A un paralítico