Rumanía celebra el próximo domingo unas elecciones generales marcadas por cuatro años de crisis económica y duras políticas de austeridad que provocaron una inestabilidad política sin precedentes este año, aunque su economía parece finalmente estar levantando cabeza.
El acuerdo para un préstamo de 20.000 millones de euros firmado en 2009 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó a Bucarest a reducir los salarios en el sector público un 25 % y aumentar el IVA del 19 al 24 %.
Éstas y otras medidas draconianas desencadenaron las mayores movilizaciones sociales en el país balcánico desde la caída de la dictadura comunista de Nicolae Ceausescu en diciembre de 1989.
Con la llegada al poder en mayo del nuevo primer ministro, el socialdemócrata Victor Ponta, la economía rumana se estabilizó pese a que hubo momentos de incertidumbre por la crisis política que terminó con el infructuoso referéndum sobre la destitución del presidente, el conservador Traian Basescu.
Rumanía, el segundo país más pobre de la Unión Europea (UE), salió este año de la recesión al crecer un estimado 0,9 % en 2012 y para el año próximo se prevé una tasa positiva del 2,5 %, según los recientes pronósticos del FMI. Bucarest anuncia además una reducción de la tasa de paro hasta el 7 % en 2014, mientras que el salario medio neto rozará los 350 euros mensuales, uno de los más bajos de la UE.
El FMI señala que la perspectiva de crecimiento económico en 2013 es "moderada", debido no sólo a la situación de una agricultura golpeada por la sequía, sino también por la baja absorción de los fondos europeos y los atrasos de las reformas estructurales.
"Acusamos una mala absorción por el mal funcionamiento de la administración pública, las redes de clientelismo y la corrupción", explicó el economista Daniel Daianu.
El académic