En un país donde la corrupción se halla extendida en todos los estamentos de la sociedad aupada por la todavía existente nomenclatura comunista, Rumanía mira a su pasado con cautela para condenar a los verdugos del régimen que acabaron aterrorizando a un pueblo inmerso en el horror. Recordado por los detenidos políticos como un sádico, Alexandru Visinescu vivía tranquilamente en un apacible apartamento de un céntrico barrio de Bucarest y con una pensión decente hasta que conoció en septiembre que será juzgado por genocidio, primer acusación desde que Nicoalae Ceausescu fuera ejecutado en diciembre de 1989. Visinescu, de 88 años, dirigió entre 1956 y hasta su cierre en 1963 el temido centro penitenciario de Ramnicu Sarat, situado en la parte oriental de Rumanía, donde los prisioneros sufrieron vejaciones, celdas gélidas, palizas y castigos aplicados de manera discriminada y abusiva, así como la falta de cuidados médicos. “Te castigaba con un odio personal, no ejecutaba ninguna orden, te odiaba efectivamente, sentía odio”, Aurora Dumitrescu, arrestada en diciembre de 1951 por “conspiración contra el orden social” cuando tan sólo tenía 16 años. “Todas las cárceles han tenido un Visinescu; la investigación debería extenderse a los médicos de las prisiones: Después de que nos apalearan, los doctores dictaminaban si nos podían seguir pegando”, cuenta Dumistrescu. Según el Código Penal rumano, la acusación de "genocidio" conlleva a penas de entre 5 y 20 años prisión. Esta primera acusación no se habría podido producir sin la labor del Instituto Rumano de Investigación sobre los Crímenes del Comunismo (IICCR) que ha recopilado pruebas de 35 responsables de cárceles y campos de trabajo durante el régimen comunista. Más tarde, esta institución presentó al Tribunal una serie de documentos que inculpa a Ion Ficior, excomandante del campo de trabajos forzados de Periprava, un rem