ActiveWatch y Reporteros sin Fronteras condenaron la decisión del gobierno rumano de aprobar, en una total falta de transparencia, un proyecto de ley en cuyas disposiciones se atenta contra la libertad de prensa y el derecho del público a la información. Al promover esta normativa, el gobierno rumano abre un nuevo capítulo en la historia del control político y económico de los medios de comunicación de Rumania. El 2 de octubre, el Gobierno rumano aprobó un Decreto de Urgencia sobre los procedimientos para la prevención de la insolvencia, lo que requiere la suspensión de las licencias de las empresas audiovisuales que entran en los procedimientos de insolvencia. El Decreto de Urgencia se ha publicó el viernes 4 de octubre en el Boletín Oficial (n º 620). ActiveWatch y Reporteros sin Fronteras consideran que este artículo específico de la ley:Está en clara contradicción con El artículo 30 (2) de la Constitución, que establece que "ninguna publicación puede ser suprimida", poniendo así en peligro el derecho constitucional a la libertad de expresión.Sabotea las competencias del Consejo Nacional Audiovisual, una institución que, por ley, es "el único regulador de la política de los medios de comunicación audiovisual" (artículo 10, párrafo 2 de la Ley 504/2002 de Radiodifusión).Entra en conflicto con otras disposiciones de la Ley 504/2002 de Radiodifusión, que determina las condiciones en que una licencia de radiodifusión puede ser retirada. En virtud de la Ley de Radiodifusión, el Consejo Nacional Audiovisual es la única institución que puede emitir o revocar las licencias de radiodifusión. La Ley de Radiodifusión no prevé la suspensión de licencias.Es discriminatoria, ya que se centra exclusivamente en los medios audiovisuales, a pesar de que hay otros sectores de la economía que operan con concesiones otorgadas por las autoridades.Ha sido aprobada en medio de una comple