El gobierno británico anunció hoy que a partir del primero de enero estarán vigentes nuevas restricciones al acceso de beneficios sociales para inmigrantes de la Unión Europea (UE), en un intento de último momento para frenar el ingreso de búlgaros y rumanos.
La iniciativa busca que los ciudadanos del bloque no puedan cobrar subsidios de desempleo en los primeros tres meses de su llegada al país y fue enviada al Parlamento para un tratamiento expeditivo.
El objetivo es que entre en vigencia a partir del comienzo del nuevo año, fecha en que los ciudadanos de Bulgaria y Rumania, países que ingresaron a la UE en 2007, podrán entrar y trabajar libremente en el Reino Unido.
"Quiero enviar el mensaje claro de que mientras Gran Bretaña está abierta a los negocios, no le daremos la bienvenida a las personas que no quieren contribuir", señaló el primer ministro David Cameron.
"Acelerar el inicio de estas nuevas restricciones harán que el Reino Unido sea un lugar menos atractivo para los inmigrantes de la UE que quieren venir y tratar de vivir a costa del Estado", agregó.
La encargada de asuntos en política interior del laborismo, Yvette Cooper, indicó que su partido está de acuerdo con las modificaciones pero se quejó que fueron llevadas al Parlamento "de forma caótica" y "a último minuto".
Pero Jonathan Portes, director del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y Sociales, acusó al gobierno de "tomar medidas fantasmas para combatir un problema fantasma".
Concretamente, indicó que Downing Street nunca publicó estadísticas sobre la cantidad de búlgaros y rumanos que se estima ingresarán al Reino Unido, como tampoco cuántos inmigrantes reclaman beneficios sociales durante sus primeros tres meses de su estadía.
El informe más elaborado sobre este tema lo encabezó el Comisario europ
