Carmen, abogada del Ministerio de Justicia desde hace más de cinco años, se ocupa de desarrollar las leyes que aprueban los legisladores en el Parlamento y adecuarlas a las europeas, una tarea ardua, que conlleva trabajar dos horas más al día de lo que debiera, aduce. Incluso, trabaja muchas más horas que un diputado.

Ataviada con una chaqueta de cuero roja, un tanto informal pero elegante al mismo tiempo, aparece despampanante con su 1.80 metros y su larga melena rubia entre la multitud justo al frente de la fachada del Centro Comercial por antonomasia de Bucarest, ubicado en la Piata Unirii (Plaza de la Unión). “Mira hacia arriba y observa la invasión del capitalismo feroz que nos ha engatusado”, señala mientras me contempla irónicamente por la publicidad plasmada en la entrada: Las firmas de Inditex acaparan la fachada principal del recinto, desde Zara hasta Bershka o Pull&Bear. Parece que vayan a ser unas navidades en una ciudad española, continúa.

A sus 39 primaveras, prefiere relajarse paseando por Lipscani, centro histórico situado en el corazón de la capital y tomarse un chocolate caliente. Acto seguido, muestra un libro sobre las políticas de la UE. “¿Tienes que conocer bien la legislación europea para ajustarla a la rumana? No –espeta- quiero marcharme. La presión en el trabajo llega a tal punto que deseo dejarlo, hay un gran volumen de trabajo y para colmo nos están reduciendo la plantilla”, exhorta. El presidente rumano, Traian Basescu, anunció hace más de un año que el Gobierno debe hacer desparecer hasta finales de 2012 a unos 300.000 puestos públicos (10% funcionarios y el resto desempeña tareas de las administraciones públicas).

Desde el estallido de la crisis económica mundial en 2008, el país balcánico necesitó implementar reformas necesarias para reducir el gasto del tesoro público, impuestas por el Fondo Monetario