En lugar de aceptar un puesto honorífico, el exjefe anticorrupción ha preferido cerrar las puertas a la institución judicial y denunciar la injerencia de los políticos en los nombramientos de los magistrados. Una práctica que contribuye a retrasar la entrada de Rumanía al espacio Schengen. La marcha el 5 de abril de Daniel Morar del puesto de primer fiscal general adjunto del Alto Tribunal de Casación y Justicia ha enojado a muchas personas. Pero lo que les ha molestado no es su marcha en sí, que ha alegrado a más de uno, sino cómo lo ha hecho: denunciando públicamente la negociación política entre el presidente Traian Basescu [de derecha] y el primer ministro Victor Ponta [de centro-izquierda] sobre el nombramiento de los fiscales jefes [en el Alto Tribunal y en la Dirección Nacional Anticorrupción o DNA]. La mayoría esperaban que se callara y que consintiera el acuerdo entre Ponta y Basescu, sobre todo después de que el presidente le nombrara juez en el Tribunal Constitucional.

Pero Morar, exdirector de la DNA, considera que no está en deuda con nadie y que es libre de realizar su trabajo hasta el final. El "hombre de Basescu", como le llamaban sus detractores, comenzó su carrera oponiéndose judicialmente al presidente [entonces ministro de Transportes] en el escándalo llamado de "La flota" [una serie de presuntos casos de corrupción tras la privatización de la flota mercante rumana en los años noventa] y la finaliza también con posiciones antagonistas en el ámbito político. Deja el sistema después de casi ocho años de investigaciones con las que ha demostrado hasta el último minuto que era como se le suele describir: un fiscal purasangre.

Conocí a Daniel Morar antes de que asumiera las riendas del DNA. La ministra de Justicia, Monica Macovei, me llamó en 2005 para pedirme que me entrevistara con una persona que iba a proponer como director de