El 1 de febrero se introduce en la legislación rumana la figura del mediador para litigios que se circunscriben al ámbito penal, desde el robo hasta la violación. El objetivo es la descongestión de los tribunales y el favorecimiento de la paz social, pero el amplio margen de interpretación del texto de la ley puede dificultar el mismo, explica Laura Stefanut en Presseurop.eu.
Como se podría esperar, la ley propuesta por la liberal Alina Gorghiu ha generado una ola de protestas en la sociedad civil y en los medios de comunicación, que han tildado la propuesta de "aberrante". Pero el problema no es que la nueva ley permita "comprar" la inocencia y ponga un precio a la violación. Ni que sea tachada de inconstitucional.
El verdadero problema de esta ley es su carácter obligatorio, en el que reside una ambigüedad: Alina Gorghiu dice que "a la víctima no se le ofrece una entrevista informativa ni una mediación" mientras que el portavoz del Consejo Nacional de Mediación sostiene que la entrevista informativa será obligatoria.
Facilitar la reinserción de la víctima
Tomar como punto de partida que se sabe mejor que la víctima qué es lo que le conviene abre la puerta a todo tipo de abusos. Por una parte, una mediación entre la víctima y el agresor viene de lo que se llama la “justicia restauradora” (justicia reparadora), que se propone implicar más a los ciudadanos que al Estado en el buen funcionamiento de la justicia. En un cara a cara entre la víctima y el agresor, el acusado admite su culpabilidad y la víctima pide lo que cree que podría compensar el perjuicio sufrido. Si en Rumanía la víctima puede exigir perdón o dinero, en Estados Unidos llega más lejos y puede hasta pedir que el agresor se mude a otro barrio.
Algunos estudios muestran que este tipo de justicia favorece la reinserción de las víctimas en la sociedad porque