El Gobierno rumano prepara una ley que autoriza la explotación con cianuro de la mayor mina de oro de Europa. A pesar del silencio mediático, se multiplican las manifestaciones contra un proyecto que beneficia ampliamente a la empresa explotadora. Hay decisiones políticas tan recalcitrantes que consiguen movilizar conjuntamente a gente tan dispar que, de otro modo, estaría a años luz en términos de valores y de posturas doctrinales. Durante el invierno de 2012, un proyecto de reforma del sistema sanitario consiguió la proeza de hacer que tanto activistas de ONG, como nacionalistas, anticapitalistas, ultras, ecologistas y feministas tomasen la calle.
El proyecto de ley para la explotación de Rosia Montana, que el Gobierno aprobó el 27 de agosto, tuvo el mismo efecto. De ser una causa que hasta el momento movilizaba sobre todo a los ecologistas, Rosia Montana se ha convertido de repente en un asunto de interés general. El alcance del movimiento de protesta, que comenzó el 1 de septiembre, va mucho más allá de la cuestión puntual de la explotación de Rosia Montana, y ahora afecta al modelo de desarrollo económico, a la forma de legislar y hasta a la democracia en sí misma.
Motivo de optimismo
Los grupos nacionalistas se han lanzado a la calle bajo el tradicional eslogan "¡No vendemos nuestro país!"; los liberales de derecha, por la violación de los límites del estado de Derecho y del principio de propiedad privada; los anticapitalistas, por los privilegios concedidos a las empresas…
¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué es lo que ha provocado esta repentina movilización? En primer lugar, que una ley goza de una visibilidad mayor que las simples consideraciones técnicas. Rosia Montana Gold Corporation [RMGC, una sociedad conjunta de la empresa canadiense Gabriel Resources y la empresa pública rumana Minivest] quiso tener todo de gol
