A principios de febrero la oenegé con sede en Nueva York Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI) publicó un informe denunciando la implicación de hasta un total de 54 países en las detenciones ilegales practicadas por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la opacidad de los Estados Unidos en la investigación de dichas detenciones, informa Eduardo Salceda, profesor de español en el Liceo Cervantes de Bucarest y colaborador del diario digital Euroxpress.

Para sortear los límites legales de la legislación estadounidense y con la ayuda de múltiples países aliados, George W. Bush implementó tras los atentados contra las Torres Gemelas la teoría de Dwight Eisenhower: si un problema no puede ser resuelto, extiéndelo. Antes de ganar sus primeras elecciones presidenciales, el candidato Obama apareció como un adalid de la defensa de los derechos humanos, prometiendo entre otras cosas el cierre de Guantánamo o la prohibición de la práctica de torturas y abusos a detenidos como en la prisión iraquí de Abu Ghraib. Si bien es cierto que se dieron pasos en la buena dirección (en 2007 se prohibió la técnica del submarino –simulación de ahogamiento- en los interrogatorios), el flamante premio Nobel de la paz Obama parece estar reconsiderando sus principios en aras de un mayor pragmatismo en la lucha antiterrorista.

Su principal asesor en esta materia, John O Brennan, consiguió hace ya tiempo la aprobación presidencial para la elaboración de una lista de objetivos de ejecuciones selectivas con drones desde bases saudíes. Extrañas paradojas de la alta política, sobre todo para un Premio Nobel de la Paz. En el citado informe de la OSJI se hace mención a varios centros de detención de la CIA, conocidos como black sites, en al menos tres países: Rumanía, Tailandia y Lituania.

La prisión rumana funcionó desde 2003 hasta la